nuevas oprtunidades de inversion en argentina

Argentina: Nuevas oportunidades para inversores en infraestructura

La infraestructura es un pilar fundamental para el desarrollo económico y social de cualquier nación. En Argentina, un país con vastas necesidades de modernización y expansión en este sector, se ha dado recientemente un paso significativo para atraer la inversión privada hacia obras y servicios públicos. La reciente aprobación de la Ley de Bases marca un antes y un después en el panorama de las concesiones de infraestructura en el país.

Este nuevo marco legal, particularmente en su Capítulo II dedicado a las concesiones, introduce cambios sustanciales que prometen transformar la relación entre el Estado y los inversores privados en el ámbito de las obras públicas. Con un enfoque orientado a fomentar la participación del capital privado, la ley establece un conjunto de medidas diseñadas para brindar mayor flexibilidad, seguridad jurídica y atractivo económico a los proyectos de infraestructura.

Resumen ejecutivo

La nueva ley permite otorgar concesiones por plazos fijos o variables. Las concesiones ahora pueden incluir tanto obras nuevas como existentes. Se autoriza la explotación de obras existentes para financiar nuevas obras vinculadas.

Se introduce la posibilidad de constituir sociedades anónimas de propósito específico para los proyectos de concesión. La ley establece la obligación de mantener el equilibrio económico-financiero durante la vigencia del contrato y proporciona mecanismos de renegociación o extinción en caso de distorsiones.

Se permite la presentación de iniciativas privadas para proyectos de concesión. La ley introduce paneles técnicos para resolver controversias y permite incluir cláusulas arbitrales con prórroga de jurisdicción en los contratos.

Se autoriza la cesión total o parcial de los contratos bajo ciertas condiciones. En casos de fuerza mayor que no impidan totalmente la obra, el Estado garantiza ingresos mínimos acordados en el contrato.

La ley establece procedimientos para la extinción de contratos por interés público y la determinación de compensaciones. Se excluye la aplicación de ciertas normas que limitaban la responsabilidad estatal en estos casos.

Se introduce la posibilidad de renegociar contratos existentes que se encuentren paralizados para atraer financiamiento privado.

Análisis

La reciente aprobación de la Ley de Bases en Argentina abre un abanico de oportunidades sin precedentes para inversores interesados en el sector de infraestructura del país. El Capítulo II de esta ley, dedicado a las concesiones, introduce cambios significativos que buscan atraer capital privado para impulsar el desarrollo de obras y servicios públicos.

Uno de los aspectos más destacados es la flexibilización de los plazos de concesión. El nuevo artículo 11 permite al Poder Ejecutivo nacional otorgar concesiones por plazos fijos o variables, lo que ofrece a los inversores la posibilidad de adaptar sus proyectos a horizontes temporales más adecuados para garantizar la rentabilidad y la recuperación de la inversión.

Además, la ley contempla la posibilidad de constituir sociedades de propósito específico bajo la forma de sociedades anónimas. Esta disposición brinda a los inversores un marco legal claro y conocido para estructurar sus proyectos, facilitando la gestión y el control de los mismos.

Otro punto atractivo es la ampliación del alcance de las concesiones. Ahora no solo se limitan a nuevas obras, sino que también pueden otorgarse para la explotación, administración, reparación, ampliación, conservación o mantenimiento de obras ya existentes. Esto abre un nuevo mercado para aquellos inversores interesados en mejorar y optimizar infraestructuras actuales, con el beneficio adicional de poder utilizar los fondos generados para la construcción de obras vinculadas.

La ley también introduce mecanismos para garantizar la estabilidad económica de las concesiones. El artículo 7° bis establece la obligación de mantener el equilibrio de la ecuación económico-financiera del contrato a lo largo de su vigencia. Esto proporciona una importante seguridad a los inversores, ya que se contemplan procedimientos de renegociación o extinción en caso de distorsiones no imputables a las partes.

En cuanto a la adjudicación de concesiones, la ley mantiene el procedimiento de licitación pública, pero introduce la posibilidad de presentar iniciativas privadas. Esta innovación permite a los inversores proponer proyectos de su interés, otorgándoles ciertas ventajas competitivas en los procesos licitatorios subsiguientes.

La nueva normativa también aborda aspectos cruciales como los mecanismos de control, las sanciones por incumplimiento, y los procedimientos de revisión de precios. Estos elementos contribuyen a crear un marco regulatorio más transparente y previsible, factor clave para atraer inversiones de largo plazo.

Un punto particularmente relevante para los inversores extranjeros es la posibilidad de incluir cláusulas arbitrales con prórroga de jurisdicción en los contratos de concesión. Esto ofrece una garantía adicional de imparcialidad en la resolución de posibles conflictos.

La ley también introduce paneles técnicos para la resolución de controversias durante la ejecución del contrato. Estos órganos, integrados por profesionales independientes, prometen una resolución más ágil y especializada de los conflictos, evitando demoras costosas en la ejecución de los proyectos.

Otro aspecto favorable para los inversores es la flexibilidad en cuanto a la cesión de contratos. La nueva normativa permite la cesión total o parcial del contrato a un tercero, siempre que se cumplan ciertos requisitos, lo que facilita la entrada y salida de inversores en diferentes etapas del proyecto.

En materia de riesgos, la ley establece que en casos de fuerza mayor que no impidan absolutamente la realización de la obra o su explotación, el Estado garantizará los ingresos mínimos acordados en el contrato. Esta disposición reduce significativamente el riesgo para los inversores en situaciones excepcionales.

Finalmente, la Ley excluye expresamente la aplicación de ciertas normas que podrían limitar la responsabilidad del Estado en caso de extinción del contrato por razones de interés público. Esto proporciona una mayor seguridad jurídica a los inversores, al garantizar una compensación adecuada en tales situaciones.

En definitiva, La nueva Ley de Bases crea un marco legal más atractivo y seguro para la inversión privada en infraestructura en Argentina. Con disposiciones que favorecen la flexibilidad, la seguridad jurídica y la estabilidad económica de los contratos, se abren importantes oportunidades para inversores nacionales e internacionales interesados en participar en el desarrollo de la infraestructura del país. Este nuevo escenario promete impulsar la inversión privada en un sector clave para el crecimiento económico de Argentina.

Para obtener una comprensión más profunda de cómo estas modificaciones en la ley de concesiones pueden impactar su estrategia de inversión en Argentina, le invitamos a contactar a nuestro equipo de profesionales en Kreston BA Argentina. Nuestros expertos legales, impositivos y contables están disponibles para brindarle asesoramiento personalizado sobre las oportunidades y consideraciones específicas que esta nueva legislación presenta para su negocio.

Últimas Publicaciones